Resumen: Reclama el demandante en el procedimiento la obligación de rendición de cuentas de la administración y gestión respecto de un contrato de cuenta corriente, rendición que debe producirse mediante la presentación del completo histórico de movimientos de la cuenta bancaria y la presentación de todos los extractos de las liquidaciones efectuadas de la cuenta bancaria. En la sentencia dictada en apelación se desestima el recurso contra la sentencia que estima la demanda. Se analiza la legislación aplicable de la que se deriva la obligación de la entidad de la entrega del contrato y de las liquidacones.
Resumen: La sentencia de instancia declaró el carácter usurario del préstamo puesto que la TAE pactada era del 27,24%, superior al tipo efectivo de referencia (TEDR) del 20,80% para el año 2017, lo que, según la jurisprudencia, implica un interés notablemente superior al normal del dinero. La sentencia de apelación, concluye que la diferencia entre la TAE y el TEDR, sumando las centésimas correspondientes, confirma el carácter usurario del interés pactado. Por lo tanto, se desestima el recurso de apelación.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia de la Sala, SSTS 1090/2023, de 4 de julio, que se remite a la 397/2018, de 26 de junio, que cita de otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, y 294/2018, de 23 de mayo, de Pleno), en las que se recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. Conforme a reiterada jurisprudencia, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad del contrato de tarjeta revolving por usurario. La sentencia de apelación estima el recurso en cuanto que considera que el interés no es usurario pero estima la pretensión subsidiaria de nulidad por falta de transparencia en las cláusulas del contrato, lo que lleva a declarar la nulidad del contrato de tarjeta revolving.
Resumen: Nulidad del crédito revolving pues la información proporcionada al consumidor sobre el funcionamiento del mismo no es suficiente para que este comprenda los riesgos y costes asociados, lo que puede llevar a situaciones de "deudor cautivo". Se subraya que la falta de transparencia en las cláusulas contractuales, especialmente en lo que respecta a la TAE y el sistema de amortización, contribuye a un desequilibrio en la relación contractual, lo que puede considerarse abusivo
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad por usurario del préstamo. El tribunal confirma la sentencia concluyendo que la TAE aplicada en el contrato es efectivamente usuraria, superando el margen permitido. Además, se desestima la impugnación de la parte actora respecto a la prescripción de la acción restitutoria, confirmando que esta acción está sujeta a un plazo de cinco años.
Resumen: Encomendada a un abogado la reclamación judicial contra una compañía de seguros de la indemnización consiguiente a un robo de mercancía en un estanco, la confianza del abogado en su cliente quiebra a raíz de la información que aporta la compañía de seguros a través de su informe pericial, a partir de la cual el abogado cambia la línea de defensa inicialmente sustentada en el anuncio de un informe pericial de valoración de la mercancía que, según el cliente, le había sido sustraída. La sala considera negligente el proceder del Letrado por no renunciar a la defensa una vez perdida la confianza en su cliente y por la mutación de la línea defensiva y probatoria, que resultó perjudicial para los intereses del cliente. El cálculo prospectivo y prudencial del resultado que, con otro proceder, podría haberse logrado en el juicio anterior puede llevarse a cabo con la documentación disponible sobre los pedidos de mercancía y los stocks que el demandante acumulaba en su establecimiento.
Resumen: Demanda en la que se reclaman las cantidades entregadas a cuenta del precio en un contrato de compraventa de un reloj que no llegó a materializarse. La demandada formuló reconvención en la que reclamaba el lucro cesante, por el beneficio comercial que debía de haber percibido a consecuencia de la venta del reloj. El juzgado, con acogimiento parcial de la reconvención, declaró que la compradora incumplió el contrato, y causó a la vendedora un perjuicio por el beneficio comercial que debía haber recibido más gastos bancarios. La audiencia confirmó. Recurre en casación la demandante y la Sala estima en parte su recurso. Declara que la vendedora pudo ejercitar la acción de cumplimiento contractual, pero optó por la resolución del contrato, y así lo comunicó a la compradora, que no se opuso a ella (constituye pronunciamiento firme el que acuerda la resolución del contrato de compraventa que, en su momento, vinculó a las partes litigantes). La resolución del contrato determina la devolución de las prestaciones de las partes con efectos desde la fecha de celebración del contrato, lo que supone volver al estado jurídico preexistente como si el negocio no se hubiera llegado a celebrar. Así las cosas, el litigio queda circunscrito a la determinación de los daños y perjuicios que, en este caso, se centran en la reclamación como lucro cesante del beneficio comercial. En estas circunstancias, la Sala no admite la reconvención y limita la indemnización al daño emergente.
Resumen: Tras afrontar la demandante su responsabilidad frente al cliente para el que la inspección tributaria impuso una sanción por infracción grave en la liquidación del Impuesto de Sucesiones, la demanda se dirige contra la compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil profesional de la actora. El asesor fiscal responde de su negligencia al cumplimentar las declaraciones fiscales que le encomienda el cliente, pero también cuando sugiera abiertamente a sus clientes la realización de maniobras o declaraciones ilegales con consciencia de ello. El seguro de responsabilidad civil excluye los siniestros ocasionados por dolo del asegurado o de las personas de las que deba responder, y tal es el caso de las infracciones tributarias consistentes en contabilizar deudas inexistentes y saldarlas con efectivo procedente de la actividad económica. La sanción tributaria se impuso por la ocultación o invención de datos; un comportamiento intencional y consciente, no meramente negligente.
Resumen: Demanda de nulidad por error vicio de la adquisición de acciones del Banco Popular. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad por error en el consentimiento de las operaciones de suscripción y compra acciones efectuada por el demandante; la Audiencia Provincial estimó en parte la apelación. Recurre en casación el Banco demandado y la Sala estima el recurso. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. Se estima la casación.
